El mercado mexicano ofrece importantes oportunidades de inversión y desarrollo profesional para empresas extranjeras, pues la economía nacional se posiciona entre las quince primeras del mundo y cuenta con una mano de obra altamente calificada para cualquier tipo de trabajo. Para beneficiarse de ella es esencial realizar un cuidadoso análisis del contexto económico, fiscal y legal de México a fin de valorar su viabilidad en el marco de las capacidades de cada empresa que desea invertir en México.
Conforme al artículo 73 fracción X de la Constitución Mexicana, sólo el Congreso de la Unión Federal puede crear leyes que impacten en el comercio, no así los estados de la república, siendo parte de ese contexto el ingreso y funcionamiento de las sociedades mercantiles extranjeras que quieran ejercer el comercio dentro del país.
En ese sentido las principales formas jurídicas de constitución de empresas en México, reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores, el Código de Comercio y el Código Civil, acepta a cualquier sociedad extranjera para que realice actividades mercantiles dentro México, siempre y cuando estén sujetas a lo que establecen las leyes sobre la creación de establecimientos dentro de territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a estar de acuerdo en ser juzgados por tribunales mexicanos en las actividades de comercio que se realicen en territorio nacional.
Por tanto, un análisis adecuado de la regulación existente previo al lanzamiento de un proyecto empresarial es un aspecto fundamental. En este sentido, el marco jurídico mexicano impone ciertas obligaciones y requisitos que deben ser contemplados a la hora de calendarizar actividades y planear la puesta en marcha de cualquier proyecto, pues se presentan aspectos regulatorios de distinta índole (corporativos, fiscales, laborales, administrativos y medioambientales) que deben tomarse en consideración antes del establecimiento de operaciones en el país.
Un ejemplo de lo anterior es La Ley General de Sociedades Mercantiles en México (que es la ley que regula a las sociedades mercantiles que se crean en el país) prevé un capítulo especial para las empresas extranjeras, y establece que estas tendrán todos los derechos para contratar (capacidad jurídica), y para poder realizar actos de comercio; a la vez las sociedades extranjeras que pretendan realizar actos de comercio dentro de territorio nacional tendrán varias posibilidades de poder entrar al país para ejercer su actividad comercial, las cuales son la siguientes:
1. La posibilidad de formar parte del capital social de una sociedad mercantil mexicana, teniendo en algunos casos. limitantes de porcentaje (pudiendo ser del 10% o del 49% en actividades como radiodifusión, periódicos, suministro de combustibles, cabotaje etc…) pudiendo ampliar dichos porcentajes con la aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
2. La posibilidad de ejercer el comercio como sociedad extranjera, sin necesidad de participar dentro de una sociedad mercantil mexicana, teniendo la obligación de manera general de inscribir su contrato social y demás documentos donde acrediten su existencia dentro del Registro Público de Comercio, y solicitar la autorización de la Secretaria de Economía Federal para poder ingresar al país a ejercer el comercio.
3. La autorización de la que habla el punto 2. no será necesaria si el país de origen de la empresa extranjera tiene un Tratado de Libre Comercio con México pleno o si su actividad comercial es la de suministrar algún servicio y el país de origen de la empresa extranjera se encuentra dentro de la Organización Mundial del Comercio, en caso contrario si estarán obligadas a solicitar la autorización correspondiente.
En caso de que la empresa extranjera no se inscriba en el Registro Público de Comercio y, en su caso, no obtenga el permiso de la Secretaria de Economía Federal, y ejerza el comercio de manera reiterada en nuestro país, puede ser objeto de sanciones que marca la Ley de Inversión Extranjera en México. La primera sanción sería una multa de quinientos a mil días de salario mínimo, y en caso de reiterar, además de dicha multa, el representante legal de la empresa podría (aunque no es común en la práctica) ser objeto de algunos de los delitos tipificados en el capítulo de desobediencia y resistencia de particulares en el Código Penal Federal de México, al estarse negando a realizar un acto de autoridad que es imperante para que el extranjero, el cual es un invitado a invertir dentro del país, cumpla con las reglas para ejercer el comercio.
En Sassoferrato Abogados recomendamos que cualquier persona moral extranjera que quiera invertir en el país debe contar con una asesoría adecuada la cual le permita al inversionista estar informado de los medios legales más convenientes para cumplir con las diversas regulaciones, pues México como país anfitrión puede ser un importante punto de comercio, siempre que se cumplan con los mecanismos adecuados para invertir en el país y respetar las leyes mexicanas.
- Sassoferrato Abogados.
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